La indefinición sobre cómo atacar el salto de precios de las últimas semanas puede explicarse por los choques internos de la coalición oficialista. El programa de mediano plazo y la urgencia del nuevo escenario internacional.
martes, 5 de abril de 2022 - 12:01Por Gonzalo Finlez
La amenaza de una aceleración inflacionaria está empezando a convertirse en un hecho. La semana que viene, el Indec deberá informar el incremento de precios de marzo, que se ubicará por encima del 5% mensual.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya adelantó que la inflación para este año quedará por encima de las proyecciones del fallido presupuesto 2022 (33%) y del rango acordado en el programa con el FMI (38-48%), al asegurar que “la prioridad es estabilizar la inflación en 50%”.
La resignación del gobierno nacional a aceptar que el nivel de precios no podrá ser reducido se explica por el shock en los precios internacionales ya comentado anteriormente en esta columna. Hoy todos los países del mundo enfrentan un problema inflacionario, particularmente en alimentos y energía, como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Este shock puede hacer escalar un nivel más el régimen inflacionario argentino, del 50% a un piso del 60% anual. Las consecuencias en el nivel de actividad y en el poder adquisitivo de la población, particularmente los sectores más postergados, pueden ser muy negativas y ya empiezan a registrarse.
La interna oficial
Sin embargo, el oficialismo no elabora una respuesta integral. El motivo puede entenderse luego de escuchar al ministro del Interior, Wado de Pedro, quién cristalizó las diferencias respecto a cómo abordar el problema de la inflación: “Así como el FMI generó una discusión dentro del Frente de Todos, esta es otra de las discusiones que se vienen dando donde no hay coincidencia”, dijo en una entrevista con El Destape Radio.
La interna dentro de la coalición oficial, sumada a la desorientación presidencial que pasa de la “guerra contra la inflación” a la “terapia de grupo”, empujan al gobierno hacia la indefinición.
Sin embargo, mientras el ministro de Economía se mantiene al márgen del debate público por el nivel de precios, el programa de Martín Guzmán para abordar el problema se viene ejecutando desde el año pasado y está escrito en el acuerdo con el FMI. Se trata del combo de achicamiento del déficit fiscal, fuerte reducción en la emisión monetaria y subas en las tasas de interés.
El problema de estas políticas, más allá de las consideraciones sobre la efectividad de la ortodoxia, es que los resultados se verán en el mediano plazo. Esto ocurre cuando la urgencia, como mencionamos anteriormente, es una aceleración inflacionaria en el corto plazo. Y en ese punto, el programa con el Fondo empuja los precios hacia arriba, a través de los aumentos de tarifas y la aceleración en el ritmo de depreciación del dólar oficial.
Mientras Guzmán y Kulfas esperan que la situación se vaya estabilizando para converger a un nivel inflacionario similar al visto durante el año pasado, Roberto Feletti y el sector más cercano a la vicepresidenta temen por una espiralización en el nivel de precios.
Por este motivo, el secretario de Comercio Interior es cada vez más directo en sus apariciones públicas. Mientras ensaya acuerdos de precios, fideicomisos y refuerzos en los controles de precios, admite el corto alcance de estas medidas: “milagros uno no hace”. Además, expone a sus aliados del gabinete al advertir que se requieren un conjunto de medidas macroeconómicas para bajar la inflación, y que él es partidario de subir las retenciones, cuando los ministros del equipo económico rechazan la idea.
Esta última es una herramienta clásica para bajar los precios internos de los alimentos. Por ejemplo, el trigo es un insumo básico para la producción de harinas, pan y fideos; así como el maíz lo es para la carne y los huevos. Además, aportaría ingresos al Tesoro para complementar el ataque contra la inflación con una política de ingresos para los sectores más desprotegidos.
Por tratarse de un impuesto sobre los derechos de exportación, el incremento de su alícuota reduce los márgenes de ganancia por las ventas al exterior y disminuye los precios en el mercado interno. El salto en las cotizaciones internacionales de los granos y sus derivados lleva a que productores y exportadores de soja, maíz, girasol y trigo hayan multiplicado sus beneficios en poco tiempo. Por lo tanto, tomar esta medida implicaría que el excedente extraordinario deba ser compartido entre el agronegocio y el Estado.
Subir las retenciones para retrotraer los márgenes hasta el escenario previo a la guerra, y evitar un nuevo incremento en los niveles de pobreza, puede ser un punto de partida sólido para enfrentar la urgencia inflacionaria con mayor firmeza. Sin embargo, se trata de una decisión política que afectaría los intereses de un grupo de poder con el que el presidente prefiere no confrontar.