La Casa Rosada propone eliminar las PASO junto con el marco legal para la coordinación del Estado de los debates presidenciales. Según la legislación actual, los participantes se eligen a través del piso de votos del 1,5% en las PASO.
El Gobierno impulsa también la eliminación de los espacios de publicidad para los candidatos electorales, que distribuye la vicejefatura de Gabinete de Interior entre las agrupaciones políticas. Incluye la derogación de los aportes extraordinarios del Estado hacia los partidos políticos durante la campaña.
El Ejecutivo asegura que mantendrá el Fondo Partidario Permanente para financiar el funcionamiento de los partidos políticos por fuera del cronograma electoral. Tiene una asignación presupuestaria de $2930 millones y se compone de multas que se recauden por el incumplimiento de la Ley 26.215.
La reforma contiene también el aumento del límite de aportes privados en campaña. Apuntan a elevarlo de $40.000.000 a $300.000.000 por persona jurídica y proponen además eliminar el tope de gasto de los partidos políticos.
El Gobierno propone también la inscripción digital de afiliados junto a cambios en las reglas de caducidad de los partidos. Buscan elevar del 2% al 3% el piso que deben tener en alguna de las dos últimas elecciones previas para continuar funcionando.
Impulsan también el aumento de 5 a 10 los distritos en los que debe funcionar cada partido para calificar para el plano nacional. Pretenden reducir la composición actual, que comprende 49 partidos nacionales y 733 distritales. Impulsan también que cuenten con un mínimo de 35.000 afiliados.
El proyecto incluye mayores multas a las irregularidades en el financiamiento de los partidos, junto con la prohibición de los aportes de individuos procesados y vinculados al lavado de activos. Quieren además ampliar la posibilidad de que las agrupaciones tengan los fondos en bancos privados.
Otra de las modificaciones que es la extensión de los delitos electorales a las elecciones internas de los partidos. Contiene la incorporación de un fiscal a la Cámara Electoral y la posibilidad de que los partidos soliciten veedores judiciales.
