“La policía actúa como una banda de delincuentes”

Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Santiago Goodman en la causa en la que fue condenado a tres años de prisión en suspenso, se refirió a la pena que recibió el sindicalista por los incidentes que se dieron en inmediaciones a la Legislatura en Rawson el 17 de septiembre del 2019. El letrado criticó el accionar de la policía y volvió a denunciar un operativo ilegal por parte de la fuerza, al resaltar que fue la propia policía la que admitió durante el juicio haber filmado la manifestación de los docentes ese día en las afueras de la Legislatura, algo que está prohibido e incluso penado por la ley. “Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, aseguró.

Cabe recordar que el pasado miércoles 17 de agosto, la jueza María Tolomei condenó al sindicalista Santiago Goodman a tres años de prisión en suspenso por los incendios ocurridos en la Legislatura en Rawson durante el 17 y 18 de septiembre de 2019, durante las protestas que llevaban a cabo los docentes por reclamos salariales. El fallo fue apelado por Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Goodman, quien en una entrevista con este diario se refirió a la condena del ex secretario general de ATECh.

“El problema con esta causa, que es algo muy grave, es que aparece un dispositivo ilegal, de carácter delictivo, que la policía de nuestra provincia viene utilizando desde hace varios años. Hay una ley de inteligencia interna que prohíbe expresamente hacer lo que ellos hicieron, que es filmar las manifestaciones. Esa ley, lógicamente, establece penas, y esas penas son tan grandes como la que se le imputa a Goodman, pero es más grave porque, en este caso, lo hace el Estado, con los fondos de todos los chubutenses. Durante el juicio, uno de los policías, con toda naturalidad, dijo que ellos siempre hacen esto, que lo venían haciendo desde antes y que lo siguen haciendo, incluso se refirió al conflicto que en ese momento tenía el gremio de la pesca, en donde ellos también filmaban las manifestaciones de protesta social, como si eso fuera algo normal”, planteó Salgado.

“No hablamos de algo que hacen por su cuenta, es parte de la organización, porque los propios comisarios les dijeron en su momento cómo hacerlo. Se movilizaban en vehículos no identificables, en lugares estratégicos, y desde esos lugares filmaban. Incluso, contaron que empezaron a filmar horas antes de que sucediera algo. Es decir, antes de que pase algo, ya contaban con filmaciones para identificar a las personas que van a las manifestaciones populares. Esto es algo que está expresamente prohibido y castigado como delito. Esto es lo que se tiene que discutir realmente, que la policía actúa como una banda de delincuentes”, afirmó.

No solo hay una ley en el país que prohíbe expresamente la filmación de las manifestaciones populares, sino que también es algo que está prohibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El abogado se refirió puntualmente a la ley que prohíbe expresamente la filmación de las manifestaciones populares. Dicha legislación, que lleva el número 25520, prohíbe en su artículo cuarto “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. De incumplirse la normativa, podría caber una pena de tres a diez años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo para todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas.

Fuente: Diario Crónica