Emergencia Climática: el fiscal Olazabal consideró que “falta juzgar a funcionarios de las más altas esferas”

Este miércoles fue el día fijado por el tribunal que juzga la causa Emergencia Climática para los alegatos finales. En su exposición el MPF señaló que “la verdad quedó expuesta, faltan funcionarios de la más altas esferas en este jucio”.

En los alegatos, el fiscal Cristian Olazabal relató que “desde el inicio del proceso, el Ministerio Público Fiscal se comprometió a probar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal en cada uno de los 36 hechos que constituyen la acusación”. El fiscal destacó que la verdad saldría a la luz mediante las pruebas presentadas en el debate. Y efectivamente, se ha logrado acreditar que hubo un fraude a la administración pública”, consideró Olazabal..

Acusados principales

El fiscal aseguró que los principales acusados de este fraude son los empresarios Gonzalo Pérez, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Julián Diz, y Cristian Hernán Lobo Rosas. Según la acusación, estos individuos llevaron a cabo conductas fraudulentas en perjuicio de la administración pública  municipal durante la emergencia de 2017, con la colaboración indispensable de ciertos funcionarios públicos.

Participación de los funcionarios

Según consignó en su alegato Olazabal, los supervisores municipales desempeñaron un papel crucial en la comisión del fraude. “Estos funcionarios certificaron trabajos que nunca se realizaron, horas de trabajo ficticias, y maquinaria inexistente. Incluso se certificó que operarios sin la formación adecuada conducían maquinaria vial, cuando en realidad se dedicaban a trabajos de albañilería. Estas certificaciones fraudulentas permitieron que los empresarios obtuvieran declaraciones de acreencia como legítimos usuarios, avaladas por el intendente municipal (Carlos Linares), quien, según la Fiscalía, no era ajeno a estos actos.

La sala del juicio ha estado concurrida con la cantidad de acusado, pero el Ministerio Público Fiscal concluyó que “aún faltan personas clave entre los acusados. El MPF sostuvo que “la magnitud del fraude sugiere la participación de individuos de las más altas esferas del poder municipal, quienes aún no han sido procesados”. A lo que el fiscal Olazabal agregó que “no es tarde para que estos sujetos enfrenten la justicia, ya que la prescripción de la acción penal está suspendida en varios casos”.

El fraude se enmarca en la emergencia climática que azotó Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 6 de abril de 2017. Durante este periodo, la ciudad sufrió un ciclón extratropical con fuertes lluvias, considerado el segundo evento de mayor intensidad en la región. Testimonios de operarios, empresarios y el coordinador de la secretaría de servicios a la comunidad, Luis Agüero, han confirmado la gravedad de la situación y el contexto en el que se perpetraron los actos fraudulentos.

Como concusión, el fiscal Cristian Olazabal destacó que el juicio no solo busca esclarecer los actos de fraude cometidos en el pasado, sino también señalar la necesidad de justicia y responsabilidad en la administración pública. La sociedad de Comodoro Rivadavia espera que todos los implicados, independientemente de su posición, enfrenten las consecuencias de sus acciones.