Luciana Risso, abogada querellante, resaltó en diálogo con Nos Sobran Los Motivos de LaCienPuntoUno: “Para la Defensa Pública también es un hito porque la condena entra dentro del marco de la violencia institucional, los casos en donde nosotros cambiamos nuestro rol principal y nos convertimos en querellantes y acompañamos a la Fiscalía en la investigación”.
lunes, 3 de octubre de 2022 - 9:49La Cámara Penal local dio a conocer el fallo donde resolvió reducir la pena de 15 a 8 años de prisión para el policía acusado de homicidio por “dolo eventual”.
Cabe recordar que el policía Ángel Luis Hernández había sido condenado en mayo pasado por el homicidio de Brian Gómez a 15 años de prisión, ocurrido el 15 de septiembre del 2018 afuera de un pub céntrico de Comodoro. El pasado 23 de septiembre la defensa solicitó la nulidad de la sentencia, argumentando que la ausencia de autoría y por actuar en cumplimiento de su deber; por eximente incompleta por exceso y subsidiariamente se le imponga el mínimo de la pena, 8 años de prisión”.
Al respecto, Luciana Risso, abogada de la Defensa Pública que actuó como querellante resaltó: “En principio es lo más importante no es la reducción en la condena sino la confirmación, de manera unánime de los tres jueces que revisaron la sentencia en primera instancia respecto de la responsabilidad de Hernández”.
“La calificación se confirma. Lo que se reduce es el tiempo de prisión, en relación a que no compartieron el criterio de la mayoría de los jueves de primera instancia en relación a los agravantes”, dijo.
“Para la Defensa Pública también es un hito porque la condena entra dentro del marco de la violencia institucional, los casos en donde nosotros cambiamos nuestro rol principal y nos convertimos en querellantes y acompañamos a la Fiscalía en la investigación y también me parece que es importante reconocer el esfuerzo de la familia de Brian Gómez en acompañar en todos estos años la investigación y no desistir en la búsqueda de un juicio justo que devino en la condena de un efectivo policial”, resaltó.
“Es muy difícil investigar hechos de violencia institucional, más que nada por el contexto en el que se dan y también por el poder de las personas que perpetúan ese tipo de delito. No desconocemos que suceden con mucha habitualidad. La defensa publica lleva un banco de datos de torturas, llevamos una estadística provincial y por la gran cantidad de hechos que se suceden contamos con un programa especifico de prevención contra la violencia in situacional por eso es la importancia de lograr este tipo de juicios más allá de los resultados”, puntualizó.