Desde la última campaña electoral presidencial, Javier Milei nunca mencionó la importancia de la industria nacional como eje de un modelo de desarrollo. Además, cuestionó la trascendencia del sistema científico-tecnológico en manos del Estado, centrado en sus prejuicios y desconocimiento en la materia.
miércoles, 29 de mayo de 2024 - 7:31En estos primeros meses de gestión podemos comprobar cómo su pensamiento dogmático va a contramano de las tendencias internacionales. Las políticas industriales regresan, con el aporte de más recursos a programas de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación, para enfrentar esta nueva etapa de la globalización. En contraste, los indicadores de la industria manufacturera que dio el INDEC (variación % interanual) marcan un escenario catastrófico en marzo de 2024: caída del nivel general del -21,2% con situaciones extremas en vehículos, automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-25,2%), industrias metálicas básicas (-34%), maquinaria y equipo (-37,9%), muebles y colchones y otras industrias manufactureras (-40,4%).
En el actual debate, en el marco de la “Ley de Bases”, sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) se cuestiona, entre otros aspectos, la posibilidad de importar sin aranceles maquinaria y equipamiento (nuevo o usado) sin preferencia alguna hacia proveedores nacionales, o que no haya exigencia de transferencia tecnológica para sumar a las capacidades locales.
La industria nacional es de suma relevancia para generar valor agregado y exportar productos competitivos que le otorgue divisas al país, crear empleos de calidad y bien remunerados, aportar al desarrollo de las distintas y diversas economías regionales, o ampliar la red de proveedores locales en grandes proyectos de inversión (como en hidrocarburos o minería). Estos son factores trascendentes para llevar adelante una política industrial en Argentina, y este gobierno deliberadamente omite la industria de su agenda.
A nivel internacional, en los últimos años, los planes de políticas productivas son una tendencia clara: Estrategia Industrial Europea (UE), Alemania con su Estrategia Industrial 2030, Francia 2030; España con su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; China con su XIV Plan Quinquenal; Canadá con su Plan para una Economía Digital, Innovadora y Sustentable; entre otros. También es clara la tendencia de apoyo a los sistemas científicos-tecnológicos y para ello sirve resaltar dos casos recientes, en Brasil y España. El Consejo Director del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil aprobó recursos para 2024 por 12,7 billones de Reales (cerca de USD 2.400 millones) en recursos reembolsables y no reembolsables en 10 programas estratégicos.
Recientemente, el Consejo de Ministros en España aprobó el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI) 2024-2027, instrumento de planificación plurianual de la I+D+I en la Administración General del Estado (AGE). Cuenta con una previsión financiera de casi 18.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 32% de inversión anual prevista respecto al Plan Estatal 2021-2023 y de un 73% respecto al del periodo comprendido entre los años 2017 y 2020.
“Esta es la inversión que vamos a hacer durante los próximos cuatro años desde el Gobierno de España en materia de convocatorias públicas, en concurrencia competitiva, para subvencionar y financiar la ciencia que se hace en nuestro país, tanto desde el sector público como desde el sector privado”, destacó la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant.
El gobierno ignora deliberadamente la trascendencia de contar con un ecosistema científico-tecnológico que le aporte capacidades a muchas empresas (mayoritariamente PyMES pero también a grandes empresas) a través de asistencias técnicas, transferencias tecnológicas, servicios analíticos, ensayos o desarrollos en I+D. Así, las empresas ganan en competitividad, aseguran la calidad de sus productos y procesos o cumplen estándares para ampliar el acceso a mercados internacionales, entre tantos otros aspectos. Existen numerosos casos de esta positiva vinculación público-privada en el INTI, INTA, CONICET, Universidades Nacionales y todos los organismos de CyT.
El reconocimiento consensuado en todo el mundo desarrollado sobre el rol del sistema científico-tecnológico nacional es múltiple. Se demostró en el respaldo social durante la pandemia, el apoyo internacional al aporte de Argentina en CyT (como lo expresaron 68 premios Nobel en marzo al CONICET y las universidades nacionales), la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública o la votación unánime de la ley de financiamiento a la ciencia y tecnología, hace sólo 3 años y que se está incumpliendo. Estas y otras múltiples razones, demuestran que Argentina no puede retroceder en un activo que es trascendente para su desarrollo y soberanía.
Con una clara definición política del gobierno nacional, y con la responsabilidad de asumir la presidencia del INTI en diciembre de 2019 (y hasta el fin de mi gestión a fines de octubre de 2022) trabajamos por su fortalecimiento y la ampliación de sus capacidades. Comenzamos con dos dimensiones sumamente deterioradas: la institucional y la presupuestaria1. En el 2020, aún si se considera el contexto producto del COVID-19, la ampliación presupuestaria permitió un incremento nominal del 53% y un mayor financiamiento disponible para proyectos de I+D. Se pudo avanzar, en mejores condiciones, para cooperar frente a los múltiples desafíos que los actores del entramado productivo nacional debían afrontar para su desarrollo productivo y tecnológico.
Durante esos años de gestión propusimos un INTI Abierto, Cerca y Federal, para complementar capacidades entre organismos públicos y privados. Se conformaron Consejos Asesores y se fijaron agendas estratégicas en cada región y para la industria nacional. Se trabajó en una mirada integral (Un Solo INTI), amplia y centrada en la recuperación de la carrera laboral de los intianos/as (como la incorporación a planta permanente, sin costo fiscal, de 1.751 trabajadores/as).
Se pueden mencionar algunos ejemplos de los resultados de un proceso de consolidación y crecimiento del INTI entre 2020 a 2022:
Con gestión, compromiso, recursos utilizados de manera eficiente y articulación público-privada se pudo avanzar en la consolidación de una agenda relevante para el INTI y el entramado productivo con el que debe vincularse.
El proyecto de Ley Bases aprobado por la Cámara de Diputados generó múltiples preocupaciones ante la posibilidad de un nuevo proceso de desfinanciamiento del sistema de CyT y, particularmente sobre el INTI. Según su redacción queda enmarcado en el siguiente esquema: “se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada (…), la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia…”.
Por otra parte, vuelven a circular versiones sobre un recorte del 30% de su planta de trabajadores/as, la posibilidad que impacte especialmente en la red federal de centros tecnológicos o la pérdida de capacidades que implicaría un gran retroceso en el apoyo a la industria nacional.
Por esto es importante poder comentar brevemente algunas de las características que describen la relevancia y la trascendencia de continuar aportando al crecimiento del INTI. Su misión es contribuir al desarrollo de la industria a través de la generación y la transferencia de tecnología, la certificación de procesos, productos y personas, y el aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios producidos en todo el país. Algunos datos del INTI, del 2022, muestran su importancia:
Sin embargo, debe recordarse que durante el período 2015-2019 el INTI fue una de las instituciones de ciencia y tecnología más castigadas. Se achicó el Estado, sin criterio de evaluación para una mejora estratégica pero con una clara orientación de debilitarlo, y se desfinanció el sistema de CyT, a partir de políticas neoliberales que prometieron mejorar la competitividad y una mayor inserción al mundo, pero con medidas que fueron en contra de las tendencias internacionales de consolidar la industria nacional y ampliar la soberanía científico-tecnológica. La caída presupuestaria real en el organismo fue del 74%, al mismo tiempo que se generaron gastos ineficientes y un profundo déficit en materia de infraestructura, equipamiento y carrera laboral. Por diversas formas (desde despidos sin causa hasta retiros voluntarios) se perdieron más de 800 trabajadores/as en el Instituto, lo que afectó profundamente las capacidades que habían llevado años de formación y recursos al Estado.
En este contexto, resulta muy valiosa la reacción desde diversos espacios, como las cámaras empresarias ProteJer, APYME, IPA, CEEN, MP25M, entre otras, en respaldo al INTI destacando la importancia de contar con un instituto de estas capacidades y con presencial federal para aportar al crecimiento de las PyMES. De la misma manera, es destacable el acompañamiento desde el sistema científico-tecnológico, referentes industriales, gobiernos provinciales, legisladores nacionales y distintos actores que se vinculan permanentemente con el INTI.
Es necesario seguir contando con un organismo con su historia y capacidades, que deberán ampliarse frente a los nuevos desafíos que imponen la transformación digital, la Industria 4.0 o la agenda ambiental, entre otros. Es necesario el INTI para profundizar la transferencia tecnológica al rico y heterogéneo entramado pyme de nuestro país.
Ruben Geneyro