El debate por los planes sociales y sobre los que “cobran y no trabajan” lleva años en la Argentina. Sin embargo, en medio de la profundización de la pobreza y la inflación, parecen inoportunos los cuestionamientos del liberalismo a los que se han sumado sectores del mismo gobierno del Frente de Todos.
domingo, 26 de junio de 2022 - 12:05BUSCANDO AL CANDIDATO XIII
Por Virginia Navarro
Pensado en estos datos económicos y sociales preocupantes que hoy exhibe nuestro país, dar el debate sobre la continuidad de estos beneficios que, en la actualidad alcanzan a 22 millones de personas, parece al menos estar fuera de lugar. Hoy lejos de auditorías y recortes la gente necesita cada vez más de un estado presente garantizándole un techo y un plato de comida.
LA POLÉMICA DE LA SEMANA
En los últimos días, se escucharon opiniones diversas sobre los planes y programas sociales, que fueron desde: cómo organizar la asistencia del Estado, planteos de sectores de Juntos por el Cambio de quitárselos a aquellos que protesten, hasta el objetivo del Gobierno nacional de convertir los planes en trabajo. Además, la interna del partido gobernante se coló en el tema prometiendo dejar heridos.
¿QUÉ ES UN PLAN SOCIAL?
En la Argentina existen diversos planes sociales. Dos son los programas más relevantes y a los que se destina la mayoría del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social que son la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo.
Por mencionar sólo algunos de ellos: Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentario) que es una transferencia monetaria mensual para la compra de alimentos mediante una tarjeta de débito del Banco Nación y va desde los 6 mil a 22 mil pesos.
Luego hay Asistencia a Comedores Escolares, que son raciones diarias destinadas a almuerzos, desayunos, meriendas y cenas que sirve de completo a los fondos provinciales a Comedores Escolares que brindan servicios alimentarios.
También existe el Programa Potenciar Trabajo que se instrumenta a través de la secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, referente también del Movimiento Evita. Y el Plan Acompañar que está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país y su objetivo principal es fortalecer la independencia económica.
Los planes sociales son, en tanto, un conjunto de acciones concretas de las políticas sociales que van dirigidas a sectores determinados de la población y tienen por finalidad contribuir a una mejor calidad de vida.
Según Forbes Argentina, en la actualidad hay 141 programas de protección social y ayudas estatales. Y se estima que por día se destinan más de 800 millones de pesos para afrontar su pago, lo que representa unos 288.000 millones anuales.
Esos programas son una ayuda importantísima para millones de personas, constituyendo un ingreso básico para muchas familias que se encuentran en una situación de indefensión. Y, si bien el número parece elevado, resultan insuficientes ante tamaña crisis socioeconómica.
Este año, con la necesidad de bajar el gasto público, el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, planteó que hay que ponerle un freno a la ayuda que se dispensa. Justo cuando dirigentes piqueteros reclaman el aumento de cupos en el Potenciar Trabajo.
Dicho programa representa un presupuesto de $ 227.100 millones anuales, que controla el líder del Movimiento Evita y también funcionario Emilio Pérsico. Precisamente su movimiento de pertenencia es la organización que más planes administra, entre 100.000 y 150.000.
Asimismo, se han realizado auditorías que revelaron irregularidades dentro de las organizaciones sociales que ofician de intermediarias entre el Estado y el beneficiario, la “tercerización” a la que hacía referencia la vicepresidenta Cristina Fernández en su discurso en Avellaneda.
En esa línea, hace pocos días trascendió que el Polo Obrero le cobraría un 2% del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios que reporta a esa organización. Se trataría de unas 60.000 personas que cobran unos $19.450 a través de ellos.
Es así que el Gobierno decidió quitarle el control de 180.000 planes sociales a las organizaciones y traspasarlos a la órbita de las provincias y los municipios.
Más allá de las denuncias y controles que ahora se intenta ejercer, en más de 20 años de planes sociales en la Argentina, estos no se enfocaron en los niños pobres y mucho menos a reducir la pobreza. En contraposición, lo que se hizo fue incrementar la economía informal.
HISTORIA
Los primeros planes de empleo se crearon en 1996, con los levantamientos de Cutral-Có y Plaza Huincul, en Neuquén, luego de la privatización de YPF. Esta fue la respuesta del menemismo a los crecientes niveles de conflicto social. Reprimía a los desocupados (la muerte de Teresa Rodríguez), y creaba el Programa Trabajar I, un subsidio que tenía una duración de entre 3 y 6 meses.
Con esa función fueron creados, para contener las protestas y la demanda de trabajo genuino.
Ciertamente, si analizamos que hay más de 140 planes y programas sociales (según datos del Gobierno) y, según las compatibilidades, una familia tipo de cuatro personas sin empleo podría percibir hasta $170.000 con estos beneficios (entre Potenciar Trabajo, AUH, Tarjeta Alimentar, IFE y alguno más) aclarando que eso no implica trabajo registrado, obra social ni asegurarse una jubilación digna, ¿es razonable creer que la mayoría de los destinatarios lo que no quieren es trabajar?, o tal vez deberíamos discutir los salarios en un país que hoy condena a la pobreza a una gran porción de sus habitantes (el salario para acceder a la canasta básica y no ser pobre en el conglomerado Comodoro-Rada Tilly arrojó en el mes de abril de 2022 $109.775,44).
Quienes hoy perciben un plan de $20.000 necesariamente tendrán que hacer changas para sobrevivir. Garantizar trabajo no es garantizar techo y comida.
Es por ello que el debate trasciende la creación de más puestos de trabajo, hay que discutir el poder adquisitivo de los argentinos y resolver la inflación galopante que sólo permite crecer a unos pocos.
ECONOMÍA POPULAR
La economía popular surge a partir de los sectores que quedaron excluidos del mercado laboral y buscan generar su propio trabajo. Incluso, en muchos casos, logran conformar gran parte de la cadena de comercialización no sólo con la manufactura, sino también ofreciendo los productos en ferias o con venta ambulante.
Esta semana en La Cien Punto Uno, habló con el programa Nos Sobran Los Motivos Dina Sánchez, es Secretaria General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que conduce Juan Grabois: “Un 2022 no podemos seguir refiriéndonos a la economía popular como igual a planes, hace varios años entendimos que con un plan de 150 pesos no se iba a vivir, y eso lo reconvertimos en trabajo. Hoy tenemos muchas unidades productivas, generamos trabajo. Lo que no tenemos son derechos, son políticas que acompañen a la economía popular”
Asimismo, la dirigente plantea que en el reparto y distribución de planes no están sólo las organizaciones, sumado a que hoy se puede cambiar de unidad ejecutora (es decir a través de qué organización cobras el plan), algo que ha molestado a algunos movimientos.
En este caso Sánchez señala que los municipios en muchos casos adhieren a estas formas de contratación. Pagan 19 mil pesos, lo que resulta bastante económico, y hacen trabajar a la gente alrededor de 6 horas, evitando sumar empleados registrados y en condiciones de formalidad.
Independientemente de las discusiones que generó este tema hacia adentro del Frente de Todos, la referente de UTEP consideró: “ninguna grieta es buena, tienen que ponerse de acuerdo en la coalición. No puede ser que por sus grietas los palos siempre vengan para el mismo lado”
TRABAJO CALIFICADO
La pregunta que cabe hacernos, ante el crecimiento de las industrias y la reactivación de la que da cuenta el Gobierno, sumando a variables internacionales que generan una situación óptima para la Argentina, es por qué no hay trabajo.
Marcelo Fernández presidente de La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) en diálogo con la misma emisora lamentó que no haya mano de obra calificada y falten oficios, “estamos en desarrollo, volviendo a números muy buenos del consumo y aumento de demanda y nosotros no tenemos gente que opere nuestra maquinaria. Es ridículo que vos tengas millones de planes, que es gente que cobra un plan porque no tiene trabajo y la industria no tenga mano de obra calificada. Todos estamos poniendo avisos y no viene nadie. Y esos significarían salarios 6 veces más que el valor del plan” aseveró.
A 20 AÑOS DE LA MASACRE
Hoy se recuerda la “Masacre de Avellaneda”, el asesinato de dos jóvenes del MTD Aníbal Verón.
La muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en manos de las fuerzas de seguridad bonaerenses que respondieron con plomo ante el reclamo de “trabajo digno, alimentos y planes “, en un contexto tan delicado como el de los 2000.
Desde la UTEP sostienen que los movimientos sociales ya no son los mismos que hace 20 años, que ese hecho histórico que los marcó fue un antes y un después, y debieron reconvertirse, “somos los únicos que salimos a la calle con un plan de país” dicen.
Y de eso se trata, de planes o de un plan para terminar con el hambre de los argentinos.
Mientras que un sector absolutamente vulnerable, que para dejar de ser invisible para el Estado tiene que pertenecer a alguna de las organizaciones (que algunos casos también los utilizan) pide planes de trabajo o de alimentos. El resto, el que tiene un trabajo y lo cuida, con sus necesidades básicas satisfechas, también pide un plan. Pero se lo pide a sus gobernantes. Y que cada vez que hablen de crecimiento, ese crecimiento nos contenga a todos.
BOLITOS