La Oficina Anticorrupción retiró la acusación contra Cristina Kirchner en el juicio por Vialidad
Él organismo que conduce Félix Crous renunció a ser querellante en la causa. Es por el supuesto fraude en la obra pública por el direccionamiento a Lázaro Báez.
martes, 14 de junio de 2022 - 9:49
La Oficina Anticorrupción (OA), el organismo encargado de investigar posibles delitos de funcionarios y controlar sus declaraciones juradas, anunció a la Justicia que renuncia a la querella en el único juicio en marcha contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el de supuesto fraude en la obra pública por el direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.
La novedad fue comunicada a poco que comiencen los alegatos del juicio oral, que está previsto que comiencen el 11 de julio próximo. La otra querella estatal que queda en la causa es la de la Unidad de Información Financiera (UIF).
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“El Titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido”, sostiene en la comunicación oficial al Tribunal y que lleva la firma del abogado Sergio Aleo.
Tiempo atrás el organismo se había bajado de la acusación a otros juicios contra la Vicepresidenta, como ser el de lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces.
El argumento que esgrimió la OA es que ha incrementado sus recursos en los juicios que se siguen por hechos de corrupción y su nuevo perfil es el de la prevención en las distintas áreas.
El juicio en cuestión, comenzó el mayo de 2019 y ya lleva tres años, es uno de los más largos de los últimos años y su veredicto se estima será o bien para fines de este año o para el 2023, un año cargado políticamente por las elecciones presidenciales.
La vicepresidenta se enfrenta a la posibilidad de que la fiscalía le pida una condena de entre 5 y 16 años de prisión en el caso, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado.
